Muchas veces hemos oído hablar de la transparencia en los últimos años, como una novedad que, en los países nórdicos o del centro de Europa, hace décadas que está legislada con absoluta normalidad.

Vivimos en un país en el que la transparencia no ha interesado a las élites políticas, ni a sus subordinados en la política local. No olvidemos que una gran parte de los casos de corrupción que han pasado por los tribunales o están en ellos, han ido ligados a la política municipal y, en especial, a la especulación urbanística.

No ha interesado a esos grupos y familias políticas, porque su propia existencia ha dependido de redes clientelares que han permitido, por ejemplo, procesos de contratación de personal o de empresas que, en muchos casos, también en la administración local, han llegado a los tribunales, en forma de presuntos casos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, falsedad en documento público y otras figuras penales nada desdeñables.

Lo mismo podemos decir de adjudicaciones de contratos bajo sospecha que también han pasado o están siendo investigados por los tribunales de justicia. Lo más triste de todo es que da la sensación de que los casos de corrupción política que son investigados y salen a la luz, son sólo la punta del “iceberg” de todo lo que ocurre a espaldas de los contribuyentes.

Desgraciadamente, estos hechos punibles, levantan la sombra de sospecha en otras administraciones que están realizando de forma pulcra y legal todos los procesos de contratación, sea de empresas mediante concurso, sea de personal mediante procesos de selección. Y la sospecha se levanta por la falta de transparencia, por muy ajustado a la legalidad que sea el proceso.

Por ejemplo, teniendo en cuenta la presión mediática, si los procesos de selección de los contratos menores, que pueden ser negociados sin publicidad, no se realizan con luz y taquígrafos, pueden dar lugar a sospechas. Es más, convendría evitar procesos de adjudicación negociados sin publicidad.

Por otro lado, si los procesos de selección de personal se hacen con criterios subjetivos (una entrevista, por ejemplo), pueden dar lugar a pensar que se ha favorecido la selección de una persona u otra porque, por ejemplo, pertenecen a un partido político, son afines a éste, o son familiares o amigos de alguien cercano al poder municipal, cuando la realidad es que el proceso se ha realizado con la mayor pulcritud, limpieza, equidad y dentro de la legalidad vigente.

Por estos motivos, entendemos que con una buena planificación, hay que huir de las contrataciones de personal por vía de urgencia, y con entrevista como método de selección, y utilizar en exclusiva sistemas puramente objetivos, con luz y taquígrafos.

Esa será la manera de no oír rumores por las calles que nos persiguen desde el inicio de la democracia a nuestros días. Además de ser legal el proceso, tiene que parecerlo, porque hay gente que no cree en las casualidades, y menos si las casualidades se producen de forma asidua.

Queda mucho por hacer en cuanto a transparencia, y por eso mismo, debe ser una de las prioridades de todas las administraciones, empezando por la local.